Un proyecto busca descentralizar recursos y desafiar la corrupción

Un proyecto busca descentralizar recursos y desafiar la corrupción

De convertirse en realidad el proyecto de ley 182 de 2017, las regiones del país se reorganizarán para hacer que fluyan más rápidamente los recursos del orden nacional, eliminando el lobbismo y los intermediarios en la capital de la República y dándole mayor autonomía a los entes locales y regionales, aunque en muchos casos, estas entidades tienen riesgo y antecedentes de corrupción de menor escala.

Este proyecto reforma las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), entidades que nacieron en 2011 con la ley 1454 y que permitía que los departamentos pudieran asociarse entre ellos como regiones, pero sin la posibilidad de recibir o ejecutar presupuestos de la nación, para transformarlos en Región Entidad Territorial (RET), que tienen una composición similar, pero con la posibilidad de viabilizar recursos nacionales.

Este propósito es clave para los 32 departamentos del país, que se han unido a favor de la iniciativa, pues según datos del Ministerio de Hacienda, el 82 % de los impuestos va para la nación, el 13 % para los municipios y sólo el 5 % a los departamentos.

Además, también responde a las críticas por baja ejecución de proyectos que han elevado entidades como la Contraloría, que recalcó que 12,4 billones de pesos del Sistema de Regalías no se ejecutaron en 2017 por falta de proyectos.

“Ha sido tortuoso y difícil acceder a los recursos así como están las cosas. Estamos necesitando más agilidad aparte que es un paso en la descentralización en el país”, aseveró Carlos Julio González, gobernador del Huila.

De esta forma, se busca eliminar el centralismo en la adjudicación de recursos y con ello se golpea uno de los fenómenos usuales de la corrupción, que es el lobbismo en Bogotá a cambio de apoyo de votantes en las regiones.

Sin embargo, en el otro lado del espectro, también supone un riesgo la habilitación de recursos en regiones con escasa presencia de control del Estado y bastante tradición de corrupción, como Chocó, Sucre o Córdoba, casos reseñados por los entes de control.

Según se plantea en el proyecto, se prevén inicialmente siete RET: Caribe, Pacífico, Central, Oriente, Llanos Orientales, Eje Cafetero y Sur, de las que las primeras tres ya existen como RAP.

Para conformar una, los departamentos interesados deberán convocar un referendo y que sean los ciudadanos los que tengan la palabra final.

Mejor planeación

Uno de los senadores ponentes de la ley, el liberal Juan Manuel Galán, recalcó que no solo es un tema de dineros, sino que con unas regiones autónomas, habrá otro panorama para la planeación.

“No tendremos a los gobernadores todas las semanas en Bogotá casi mendigando recursos y pidiendo lo mismo, sino que podremos ver qué necesita cada uno”, aseguró.

Recalcó que esta reorganización permitirá tener una planeación más lógica frente a la ejecución de recursos para cerrar las brechas de desigualdad entre departamentos vecinos, como por ejemplo, Valle del Cauca y Chocó.

“Que los gobernadores se unan todos y presenten macroproyectos de impacto nacional: Grandes hospitales regionales, una policía regional, carreteras, vías y obras de prevención de desastres. Planificar a largo plazo su desarrollo, no solo por cuatro años de periodo, sin partidas individuales”, concluyó.

Según lo propone el proyecto, cuando los departamentos creen sus RAP, designarán un prefecto que actúe como intermediario entre los gobernadores y el Gobierno Nacional.

El proyecto, denominado ley de regiones, será retomado hoy por la Plenaria del Senado para discutir las proposiciones de seis de los 17 artículos que lo componen. De ser aprobado, pasará a hacer curso en la Cámara de Representantes y sería ley antes de terminar el actual periodo legislativo.

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