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Corte Constitucional estudia polémica ponencia que limitaría el “derecho al insulto”

Corte Constitucional estudia polémica ponencia que limitaría el “derecho al insulto”

El magistrado José Fernando Reyes es el ponente. A sus compañeros les entregó un proyecto de fallo en el que plantea que la única manera de insultar a otra persona sería si hay un fallo judicial de por medio. Una postura problemática bajo la lupa de la libertad de expresión.

Hasta ahora, en Colombia un ciudadano puede usar las redes sociales para decirle a otro que es un ladrón o un mentiroso. Bajo la cobija de la libertad de expresión, una persona tiene el derecho a hacer esta clase de aseveraciones, pues simplemente se trata de una opinión. La necesidad o no de imponer límites a estas expresiones en plataformas como Facebook o Twitter es un tema que estudia hoy la Corte Constitucional y el magistrado José Fernando Reyes les presentó a sus compañeros un polémico proyecto de fallo que limitaría en gran medida ese “derecho al insulto” que existe en el país.

La Sala Plena tiene planeado resolver la disputa jurídica esta semana, pues hay plazo hasta el próximo jueves para hacerlo. En el orden del día de este 10 y 11 de septiembre figura este álgido tema para estudio del alto tribunal, que tiene como pase la ponencia del magistrado Reyes.

El borrador de fallo, según personas cercanas a su despacho, plantea nuevas reglas en el marco de la libertad de expresión en el país, un tema que hasta hoy ha contado con una especial protección en la Constitución colombiana.  

La más importante de ellas es que cualquier alusión que se haga contra una persona en referencia a un delito, la libertad de expresión ya no protegería su derecho a expresar sus planteamientos. En palabras más sencillas, los ciudadanos no podrían señalar a alguien de ser ladrón o estafador en redes sociales, por más que tengan pruebas para hacerlo, o por más que se trate de una opinión o una consideración personal. Para hacerlo, sin excepción, debería existir una condena de por medio.

A la diligencia judicial asistieron desde los representantes de los emporios de  Facebook y Google, hasta el procurador Fernando Carrillo, el exfiscal Néstor Humberto Martínez, representantes de la Superintendencia de Industria y Comercio y delegados de los ministerios de Tecnologías de la Información y de Educación. Pedro Vaca, de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el escritor Ricardo Silva Romero y el periodista Héctor Abad Faciolince también participaron en la audiencia.

En la mayoría de los casos, los intervinientes de la audiencia plantearon que no se le puede poner reglas específicas a quienes ofrecen plataformas de redes sociales y que, pese a que lo que se vive allí puede ser considerado como “un mundo oscuro”, la solución no está en restringir lo que se dice, sino en cambiar la cultura que normalizó los insultos en estas plataformas. Hasta ahora, las decisiones de la Corte han estado más del lado de no poner ningún límite y más bien aplicar una especie de “test” a cada caso en particular.

El próximo jueves 12 de septiembre se podría saber cuál es la determinación que tomará la Corte Constitucional sobre este controversial asunto, justamente en la víspera de su encuentro en Cartagena, en donde el tema central será, precisamente, el papel de los jueces frente a las nuevas tecnologías.

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