ACP y ACM señalan que se afectarían las inversiones que el país necesita actualmente en los sectores minero y energético.
En una misiva de siete puntos, los gremios del sector minero-energético: la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expusieron sus argumentos sobre la reforma tributaria del Gobierno Petro, en representación de las empresas del sector, como grandes contribuyentes del Estado colombiano.
De acuerdo con el comunicado, en el primer punto, los gremios destacan los aportes adicionales en épocas de precios altos de los ‘commodities’. «De hecho, el sector minero-energético (minería e hidrocarburos) es uno de los grandes contribuyentes de la Nación, su aporte en 2022 se estima en $72,7 billones; y para el 2023 este aporte alcanzaría los $90 billones, sin la entrada en vigencia de la reforma».
Precisan que, de estos recursos, una parte están ligados a obligaciones contractuales por precios altos del carbón y petróleo.
Como segundo punto, los gremios advierten sobre el riesgo que conlleva elevar aún más la carga tributaria para el sector minero-energético, y las consecuencias que esto tendría para atraer las inversiones que el país necesita actualmente, «dado que Colombia tiene una de las mayores cargas tributarias de la región (la tercera en hidrocarburos y la más alta en minería) y la reforma tributaria implicaría un incremento del ‘Government take’ de entre un 20% y 22%».
Por eso, la ACM y la ACP sostienen que la pérdida de inversión pone en riesgo la viabilidad de proyectos hidrocarburíferos y de minerales claves para la transición y la seguridad energética.
Por ejemplo, reza el comunicado, en el caso de la industria del petróleo y gas, ante la pérdida de competitividad, la producción futura de petróleo podría caer entre 50 mil y 70 mil barriles diarios, y por ende caería también el recaudo tributario ($33 billones entre 2023 – 2032), «generando un efecto contrario al propósito de la reforma».
Otra de las consecuencias que afirman los gremios de estos sectores es la pérdida de inversión tendría repercusiones para las regiones con presencia del sector de hidrocarburos, pues los proyectos que sean inviables se traducen en pérdida de empleos (hasta 20.000 vacantes directas).
«Además, se vería afectada la contratación de bienes y servicios, rubro que para el 2021 ascendió a más de $29 billones en su mayoría en municipios mineros y petroleros. En ese mismo sentido, se afectarían nuevos recursos de inversión social y ambiental de las empresas que operan en estas zonas (en 2021 la inversión ascendió a más de $537 mil millones en municipios de incidencia minero-hidrocarburífera)», dice la carta enviada a la opinión pública.
Por eso, insisten en la necesidad de eliminar el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, el cual, además de ser antitécnico, castiga las exportaciones de un sector que representa el 56% de exportaciones totales del país, aumentando el riesgo de generar desequilibrio en la Balanza de Pagos de Colombia y sus implicaciones en el costo del dólar e inflación, las cuales impactan el bolsillo de todos los colombianos.
«Los gremios del sector minero-energético hacemos un llamado respetuoso al Gobierno nacional y al Congreso de la República a considerar ajustes frente a la sobretasa al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a las exportaciones, considerando su inconveniencia técnica, normativa y constitucional».
En otras palabras, que la sobretasa que se plantee para el sector minero-energético esté acorde con la carga impositiva de la región, aplique a partir de precios altos y de manera escalonada, y se considere como un reemplazo a las propuestas de no deducir las regalías y de imponer un impuesto a las exportaciones, de manera que el sector pueda asegurar su viabilidad y, en consecuencia, pueda continuar aportando importantes recursos a las finanzas de la Nación y las regiones.
