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Desde la posesión de Gustavo Petro como presidente se han erradicado más de 7.000 hectáreas de coca en el país.

En el último mes, a Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y Tierralta, municipios del Sur de Córdoba han llegado miembros de la Policía Antinarcóticos y del Ejército a erradicar de manera forzada cultivos de coca. Los campesinos, indignados, les reclaman porque el gobierno de Gustavo Petro había prometido que no iba a haber erradicación forzada ni fumigación con glifosato.

Según Emiliano Martínez, delegado departamental de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana, los integrantes de la Fuerza Pública sólo limitan a responder “Que ellos solo cumplen órdenes presidenciales, que la erradicación no ha parado y que tienen que cumplir sus contratos”.

Los líderes se han mostrado sorprendido con los operativos porque el general Henry Sanabria, director de la Policía había indicado que “las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de matas de coca se suspendieron” y que lo que estaban aplicando era la erradicación voluntaria. Sus palabras concordaban con el discurso que mantuvo el presidente Petro durante su campaña y que reiteró en su reciente ponencia ante la Asamblea General de la ONU: que la guerra contra las drogas no puede ser contra el campesino.

Operativos en toda la zona

A la vereda La Bonita, de Tierralta, miembros de la Policía llegaron en helicóptero, con fumigadoras de motor en la espalda cargadas de glifosato. “Bajaron, rociaron el veneno y cuando los campesinos se estaban acercando para confrontarlos, el helicóptero los levantó y se fueron”, explica Cervelión Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Ese sábado, los policías erradicaron casi dos hectáreas de coca mediante aspersión.

La imagen se venía repitiendo en el departamento desde un mes atrás. Sucedió el 21, 25 y 30 de agosto en las veredas La Danta y San Antonio Indígena, de San José de Uré, dentro del Parque Nacional Nudo de Paramillo; el 11 de septiembre en la vereda Santa Bárbara de Puerto Libertador, y el 15, 16 y 17 de septiembre en la vereda Candelaria de ese mismo municipio.

La erradicación no ha sido solo a través de fumigación terrestre por parte de la Policía. Desde el fin de semana pasado, a las veredas de Solo Dios y Veredas Unidas, del corregimiento de Puerto Nuevo, en Montelíbano, llegaron miembros del Ejército a hacer erradicación manual. “Cuando los campesinos están en la tierra, los militares se evitan la discusión y llegan, miden el cultivo, arrancan unas 50 matas y lo registran como erradicado”, denuncia Emiliano Martínez, quien también es miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Acsucor). Para él, eso no soluciona el problema de raíz: “Eso solo logra que los cultivos aumenten. Lo que nosotros queremos es una solución de fondo”, señala.

Campesinos insisten en alternativas de sustitución

Los campesinos de las cuatro regiones aseguran que la persistencia de la erradicación forzada se suma a las trabas en la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), estrategia creada por el Acuerdo de Paz con las Farc, para que los agricultores cambiaran los cultivos de coca por proyectos legales.

El programa, que inició en 2017, estaba planeado a 24 meses, que el gobierno Duque extendió a 29. Pero a agosto de 2022 (56 meses después), de las 82.239 familias cultivadoras y no cultivadoras inscritas, solo 1.986 han culminado el proceso de sustitución y cerca del 25 % no han comenzado los proyectos productivos de ciclos cortos y largos que reemplazarían la actividad cocalera, según cifras oficiales.

 

El empresario fue secuestrado por desconocidos en su finca en el área rural de Montería.

Benítez, gobernador de Córdoba, informó en la noche de este lunes, a través de su cuenta de Twitter, que el ganadero Salim Haddad, quien fue secuestrado en su finca en el área rural de Montería, fue liberado en el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

Según el mandatario departamental, el reconocido empresario goza de buen estado de salud.

Las autoridades de Córdoba habían ofrecido una recompensa de 100 millones por información que permitiera dar con el paradero del ganadero.

El empresario y ganadero cordobés Salim Haddad García fue secuestrado en horas de la noche de este sábado 1 de octubre, cuando se encontraba en la zona antes mencionada, a tan solo 11 kilómetros del casco urbano.

Haddad García, dueño de la Clínica Diac y Clínica Central, es miembro de una reconocida familia de comerciantes monterianos que hace varias décadas habría padecido de este flagelo.

Los ganaderos de Colombia y especialmente de Córdoba, las autoridades, los dirigentes políticos y voceros gremiales rechazaron de manera categórica el secuestro del ganadero y empresario Salim Haddad García, ocurrido en su finca, ubicada en el corregimiento de Guateque, zona rural de Montería.

Aunque hay operativos especiales en toda la zona y la oferta de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita dar con su paradero, lo único que se sabe hasta el momento es que en la mañana de este domingo habrían hecho una llamada a sus familiares para exigir una gruesa suma de dinero.

José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegan, lamentó el hecho y pidió a las autoridades civiles, militares y de Policía desarrollar las acciones necesarias para lograr su libertad y para proteger a su familia.

“Lamentamos mucho que estos hechos se vuelvan a presentar. A su familia nuestra solidaridad ya todos los ganaderos prestarles colaboración para su pronto regreso», precisó.

Desde hace 30 años no se registró el secuestro de un miembro del gremio en esta sección del país y menos aún en un lugar tan cercano a la capital, razón por la cual mostró una evidente preocupación, pues este sería el primer secuestro de ganadero durante el actual gobierno.

En el mismo sentido se pronunció Pedro Jáller, miembro de la Federación Ganadera de Córdoba, Ganacor, quien dijo que el gremio exige su liberación inmediata y reacciones rápidas por parte de las autoridades.

«Estos hechos no se pueden presentar en el departamento de Córdoba, ni en ningún lugar del territorio nacional y hacemos un llamado a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto», señaló el vocero del gremio.

A su turno, Alfredo García Burgos, expresidente de Ganacor y miembro de la junta de Fedegan, también lamentó el hecho y pidió a los captores la pronta liberación del empresario y ganadero.

Entretanto, el defensor nacional del pueblo, Carlos Camargo, puso a disposición los canales humanitarios de la entidad para ser garantes de la pronta liberación del ganadero y empresario.

“Desde esta Institución Nacional de #DDHH estamos en comunicación permanente con las autoridades y ponemos a disposición nuestros canales humanitarios ser garantías de la pronta liberación de Haddad García. Hacemos un llamado a sus captores a respetar su vida e integridad”, expresó.

La clase política también se pronunció en torno a uno de los hechos que más ha conmocionado a la ciudad en las últimas horas, especialmente porque hacía muchos años no se vivía una situación similar.

El conservador senador Marcos Daniel Pineda García expresó «Preocupación que después de mucho tiempo volvamos a sufrir este flagelo criminal en Córdoba. Pido a las autoridades acciones que garantizarán su vida y la seguridad de todos los cordobeses».

De igual manera la representante a la Cámara Saray Robayo manifestó «Muy triste y lamentable que hechos como estos se siguen presentando, hago un llamado a las autoridades para salvaguardar su integridad».

En ese mismo tono habló el excandidato a la Presidencia de la República David Barguil, quien sostuvo «¡Muy grave! Le pedimos a todas las autoridades actuar de manera inmediata. Abrazo solidario con sus familiares».

Por último, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, y el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, indicaron que han tomado las medidas pertinentes en un consejo extraordinario de seguridad para lograr su liberación y que pueda volver sano y salvo a su hogar.

La Alcaldía de  Montería está dispuesta a entregar 100 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el paradero del ganadero Salim Haddad García, secuestrado en las últimas horas en zona rural de la capital cordobesa. De igual manera, el Gobierno nacional ordenó activar una búsqueda urgente con el respaldo de los grupos élites de la Fuerza Pública.

Estas medidas se tomaron en la mañana de este domingo, luego de que se instalara un consejo de seguridad permanente con el fin de alcanzar la liberación del integrante de la Federación Ganadera de Córdoba. La detención ilegal fue reportada en las últimas horas y estaría condicionada a la entrega de una millonaria cantidad de dinero.

Aunque las autoridades no entregaron detalles del crimen, se planteó que personas con armas de fuego lo habría intimidado. No se descarta que los grupos armados que delinquen en el territorio estén detrás de esta emergencia a razón de que la extorsión es el mecanismo que los mantiene con vida en el terreno ilegal, sobre todo el Clan del Golfo.

El mandatario de este departamento, Orlando Benítez, explicó que las labores de rescate se concentrarán en los principales ejes viales de la región y habrá monitoreo desde el aire para encontrar algún elemento que dé pistas sobre el sitio donde los delincuentes tienen al reconocido empresario, quien también trabaja en el sector de la salud.

“Hay una integración total por parte de la institucionalidad. Queremos exigir, de manera contundente, el respeto a la vida de nuestro coterráneo cordobés. De igual manera, queremos expresar que hemos decidido tener un puesto de mando unificado permanente hasta que se solucione esta situación”, afirmó el gobernador de la región.

Ahora bien, los ministerios de Defensa y el Interior ya fueron notificados del secuestro de Salim Haddad García. Ambas carteras coincidieron que todos los recursos operacionales están dispuestos para facilitar las tareas de rescate. Entre tanto, el Equipo Especial Antisecuestro de la Policía Nacional llegará a Montería, con la vigilancia del director de esta unidad.

“El ministro del Interior, Alfonso Prada, me confirmó el envío del Gaula Élite para que se encarguen de los operativos. Además de ello, se desplazan aeronaves para respaldar las acciones. Estamos trabajando segundo a segundo por la libertad del doctor Haddad”, detalló a través de un comunicado a la opinión pública el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia Sanín.

Son en total 51 diálogos regionales vinculantes que se llevarán a cabo en todo el país.

El Gobierno de Gustavo Petro decidió suspender de manera momentánea los diálogos regionales vinculantes en todo el país por temas logísticos. Las reuniones en Cali y Ocaña se reprogramarán, mientras que las de Leticia se mantendrán.

Con estos diálogos, el Gobierno Nacional busca escuchar las peticiones que tienen las diferentes poblaciones de las regiones del país, para que fueran implementadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia.

Con esta suspensión, lo que quiere el Gobierno es reformar la manera en la que se estaba convocando a estos diálogos regionales vinculantes en diferentes territorios nacionales.

De acuerdo el presidente de la República, Gustavo Petro, serán en total 51 diálogos regionales vinculantes para que entre el Gobierno y las comunidades se lleguen a acuerdos para mejorar el desarrollo del país.

Se espera que Luis Fernando Velasco, el alto consejero para las regiones, explique cómo se harán estas modificaciones.

Varios cabildos con asiento en Montería y poblaciones cercanas definieron la realización de una minga indígena en la capital de Córdoba, en solidaridad con la comunidad de Loma Grande, que lleva más de 80 días en protesta, bloqueos y reclamos por las afectaciones del relleno sanitario.

Las autoridades ya fueron informadas de la situación. La minga pretende tomarse accesos y salidas de algunos puntos de la ciudad de Montería y llegarán la concentración en Loma Grande.

De realizarse la manifestación, ese día se imposibilitaría el servicio de aseo en la ciudad.

El gobernador indígena del resguardo Jaraguay, Rafael Gómez Herrera, dijo que fue informado de la decisión de esas comunidades que se han venido reuniendo en mesas de trabajo con delegados del Ministerio del Interior y otras entidades del Estado.

Las autoridades preparan un dispositivo de seguridad para acompañar la marcha para garantizar el legítimo derecho de la protesta, pero piden que no haya bloqueo de vías por las afectaciones que eso trae a la movilidad.

En medio del primer debate para la aprobación del Presupuesto General de la Nación vigencia 2023, la representante Saray Robayo Bechara ha cuestionado la reducción del 31% de recursos para el mantenimiento o mejoramiento de vías terciarias en el departamento de Córdoba.

Teniendo en cuenta que el presidente Petro ha indicado en varios escenarios que se debe fortalecer el sector rural, la congresista del partido de la U ha calificado la reducción como una dicotomía por parte del gobierno nacional.

“Si nos quitan presupuesto para las vías, que lo que hacen es mejorar la vida de nuestros campesinos para comercializar sus productos, entonces hay una dicotomía del gobierno nacional” ha indicado la representante a la cámara por Córdoba, a través de la red social Twitter.

Las autoridades de Córdoba están preocupadas por el incremento en los índices de accidentalidad en el departamento, que han dejado 225 víctimas en lo que va corrido de 2022.

La anterior cifra representa un incremento del 18% con relación al mismo período del año anterior, donde se registraron 190 muertes en siniestros viales, es decir, 35 menos.

De acuerdo con lo señalado por el secretario de Tránsito de Córdoba, Fredy Gloria, los municipios que reportan mayor número de accidentes son Montería, Cereté, Lorica, Sahagún y Planeta Rica.

«La vía en la que tenemos mayores inconvenientes es la que comunica a Montería y Lorica, especialmente durante los fines de semana», precisó el funcionario, agregando que hay dos detonantes que son la ingesta de alcohol y la poca visibilidad que tienen los motociclistas, especialmente en horas de la noche.

Finalmente, dijo que los motociclistas deben usar el chaleco reflectivo en el horario de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, lo cual ayudará a salvar sus vidas.

La Corporación Juego y Niñez hizo un reconocimiento al Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora por su  compromiso con el juego como un derecho y factor fundamental en el desarrollo de la niñez de su población.

La entrega del reconocimiento se cumplió la mañana de este miércoles en Bogotá. En acto fue reconocida la labor desempeñada por 30 alcaldes y gobernadores de todo el país en favor de la población infantil.

Tras recibir el reconocimiento, el mandatario departamental indicó que seguirá trabajando con amor y empeño por los niños de Córdoba. Esta es la segunda vez que Benítez Mora recibe este reconocimiento por parte de la Corporación Juego y Niñez.

Estudiantes, docentes, directivos docentes y padres de familia del Instituto Técnico Agropecuario ITA en Lorica, paralizaron actividades académicas, para exigir a la administración municipal autorizar el desalojo de los terrenos donde los estudiantes realizan prácticas agropecuarias, los cuales fueron invadidos desde el pasado mes de julio.

La invasión afecta a 1.400 jóvenes de las nueve sedes de la institución educativa que realizan sus prácticas agropecuarias en esos terrenos que hoy están ocupados para otros fines.

El personero estudiantil, Juan Pablo Escobar, expresó que la decisión conjunta del estudiantado es porque en dos manifestaciones y marchas les prometieron solucionar el problema y han sido ignorados.

El rector de la institución, Manuel Arteaga, indicó que agotaron recursos de diálogo con el Estado y con los invasores y nadie asume la responsabilidad.

“La finca tiene 164 hectáreas de las cuales tiene un espacio de unas 16 hectáreas que han sido invadidas en su totalidad, hay muchos cambuches armados, hay un daño que no podemos negar a la flora y la fauna, también se reporta la tala de árboles, están haciendo calles para una futura viviendas de ellos”, dijo el rector.

Por su parte, las comunidades invasoras manifiestan que no desalojarán el predio y que en medio de una mesa de trabajo con la Gobernación y la Alcaldía plantearon alternativas sobre las tierras.

La alarmante cifra fue revelada por la Fundación Cordoberxia en un informe de violaciones de Derechos Humanos en este departamento.

De acuerdo con la Fundación Cordoberxia, durante el paro armado se registraron graves violaciones a los Derechos Humanos que impactaron, principalmente, a las comunidades indígenas del Alto Sinú. Estos hechos se presentaron el pasado mes de mayo del año 2022.

“El confinamiento a comunidades ha sido una de las violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En lo que va de este año, una de las que mayor grado de afectación ha ejercido ha sido la que se presentó en contra de la comunidad indígena Mongaratatadó del resguardo indígena Emberá Katío del Alto Sinú en Tierralta, Córdoba ocurrida el 7 de mayo (durante el paro armado del GAO Clan del Golfo) en el que resultaron 143 personas desplazadas y confinadas, y 46 familias”, se puntualiza en el informe.

Asimismo, manifestaron que “entre agosto de 2018 y agosto de 2022, ha disminuido la cifra de líderes/as y personas defensoras de Derechos Humanos asesinados en el departamento de Córdoba. No obstante, sigue siendo Córdoba lastimosamente el departamento del Caribe Colombiano con más casos de homicidios a activistas de la región, séptimo a nivel nacional”.

Finalmente, se precisa que un total de 52 Lideres/as Sociales, Defensores/as de Derechos Humanos y 2 personas reincorporadas de las FARC-EP han sido asesinados en el departamento de Córdoba durante el periodo 2016 – 2022.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo también presentó un mapa nacional de vulneraciones a los Derechos Humanos, en el que no solo se muestran las zonas más afectadas, sino que también deja ver contra quienes se cometen estos homicidios. En primer lugar, están los líderes comunales con 38 casos, le siguen líderes indígenas con 31, los comunitarios con 25 y campesinos o agrarios con 11, entre otros, durante el año 2022.

La Procuraduría General de la Nación requirió información detallada a 12 secretarías de educación del país sobre las acciones adelantadas frente a los trámites de reconocimiento de cesantías a docentes que presentan más de 70 días sin solución de fondo. Entre las secretarías requeridas se encuentra la del departamento de Córdoba

El ente de control advirtió a las secretarias de educación de los departamentos de Tolima, Boyacá, Valle del Cauca, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Putumayo, Cundinamarca y la Guajira y de las ciudades de Santa Marta, Uribia y Popayán sobre los posibles riesgos de tipo jurídico y presupuestal que se podrían generar por demandas ante el no pago oportuno de estas prestaciones económicas y la consecuente condena por sanción por mora.

Al respecto, la Procuraduría recordó que “en caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas”.

Ante esta situación la Primera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública solicitó a los titulares de estos organismos información sobre el trámite efectuado para expedir el acto administrativo de pago de cesantías parciales y/o definitivas a los docentes que las han solicitado.

Las secretarías requeridas también deberán informar, en los casos en que los pagos hayan sido reconocidos, la fecha probable de pago por parte de la fiduciaria que administra los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

Por último, la Procuraduría anunció que continuará adelantando vigilancia preventiva a las solicitudes de cesantías tramitadas extemporáneamente y a la implementación del Sistema de Información Humano, herramienta en línea implementada para, entre otros aspectos, minimizar las demoras en el reconocimiento de esta prestación de los docentes del magisterio.

Pocas horas después de su nombramiento como jefe de gabinete del Ministerio del Interior, el abogado montelibanés, Gabriel Enrique Calle Aguas llegó al departamento de Córdoba para presidir la sesión del Puesto de Mando Unificado por la vida que se realiza este viernes en Montería.

Como se recordará, el Gobierno Nacional estableció los Puestos de Mando Unificado Por la Vida, PMUV, como Mecanismo interinstitucional para atender las situaciones de orden público en las regiones.

En este sentido, Calle Aguas en representación del Ministerio del Interior ha escuchado la situación social del departamento y ha explicado el objetivo de proteger la vida de la población civil, la comunidad y, en particular, de los líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de paz, que tienen los PMUV.

Al evento en Montería asisten miembros de la Policía Nacional, Ejército Defensoría del Pueblo, funcionarios de la gobernación de Córdoba, alcaldes, líderes sociales de diferentes organizaciones e instituciones nacionales e internacionales.

Seis organizaciones de la sociedad civil se unieron y vienen tejiendo una red de participación ciudadana y control social, cuya finalidad es hacer seguimiento a los recursos públicos invertidos por los gobiernos municipales para la implementación del Acuerdo de Paz. Montería fue sede del Tercer Encuentro de la “Red Participa Colombia”, realizado el 7 y 8 de septiembre.

En el evento participaron representantes de los nodos regionales, que incluye a Caquetá, Norte de Santander, Nariño, Bajo Cauca Antioqueño, Meta y Córdoba; además de otros actores institucionales como la Red de Apoyo a Veedurías (RIAV), medios de comunicación y organismos de control.

“La Red es el resultado de un ejercicio participativo que hemos venido consolidando durante varios meses, una suerte de ejercicio horizontal incluyente y con incidencia territorial donde lo que buscamos es fortalecer la participación ciudadana como un ejercicio legítimo para que nuestros recursos se inviertan de forma correcta”, afirmo Diky Urrutia, Coordinador de Proyectos de LEL Juvenil, organización que ha venido liderando el proceso en seis municipios del Bajo Cauca.

En el evento se avanzó en la definición del alcance de la Red, sus objetivos, las temáticas de trabajo y acciones conjuntas, “de forma que podamos generar incidencia y ser garantes de la sostenibilidad de las iniciativas de control social y ciudadano que se han venido desarrollando en las seis regiones, especialmente frente a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”, según dijo Yasmín Jiménez, vocera de la organización Sinergia Comunicaciones, quienes lideran la Red en Córdoba.

En esta ocasión, además de la formación frente a la incidencia, la Red recibió formación en el uso de tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al control social, estrategias de comunicación para el posicionamiento y presentación de hallazgos ante comunidades y gobiernos, y autoprotección y autocuidado en contextos de riesgo.

“En este espacio también pudimos avanzar en la construcción de la identidad corporativa de la Red y la definición de un plan estratégico, que será nuestra guía para la sostenibilidad durante los siguientes años. De momento, nuestro siguiente paso será realizar un evento de lanzamiento a nivel nacional con actores estratégicos”, concluyó Diky Urrutia.

La Red está conformada por la Sinergia Comunicaciones (Córdoba), LEL Juvenil (Bajo Cauca), el Grupo de Apoyo a Mujeres Víctimas del Conflicto Armado – GAMVICA (Nariño), la Red Caquetá Paz, Parcomún (Norte de Santander) y Cordepaz (Meta), y ha contado con el apoyo del Programa Gobernabilidad Responsable de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Entre los detenidos se encuentran 6 ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, quienes eran integrantes de la junta directiva de un conglomerado empresarial.

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer la captura de 13 personas y la judicialización de otras 20 por ser partícipes de una organización criminal presuntamente dedicada a ingresar textiles de contrabando al país.

El mega operativo, desplegado en 36 municipios, ubicados en 17 departamentos, contó con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Dijin de la Policía Nacional y la Dian, permitió la judicialización 20 presuntos integrantes de la red ilegal.

Los análisis contables, patrimoniales y financieros de los procesados permitieron establecer
movimientos de dinero que podría estar relacionado con delitos como el lavado de activos y
enriquecimiento ilícito, al parecer, cometidos por personas aparentemente relacionadas con la sociedad conocida como Tierra Santa.

Luego de más de 60 meses de indagaciones, los investigadores de la Dijín, en asocio con la Fiscalía, capturaron a 13 personas y judicializaron a 20 más, por el caso de Tierra Santa.

Entre los detenidos se encuentran 6 ciudadanos libaneses nacionalizados en Colombia, quienes eran integrantes de la junta directiva de un conglomerado empresarial.

Dos meses. Ese será el periodo necesario para que se empiece a notar la reducción de las tarifas en el Caribe colombiano, luego de que se logre un acuerdo entre los distintos actores de la cadena de generación de la energía eléctrica.

En el marco del debate de control político en la plenaria del Senado, la ministra Irene Vélez dijo que parte de la solución a los elevados costos de los recibos de luz en la Costa pasan por afectar la tarifa en los procesos de generación y distribución de energía.

“La consideración neoliberal convirtió la energía en un negocio, pero para nosotros la energía es un bien común, por eso el Gobierno vino a respaldar al ciudadano. El cambio es con todos y con todas, y sin las mujeres no será”, inició su intervención la jefa de la cartera de energía.

Explicó al respecto que “en la generación y la distribución es donde más peso tiene la tarifa, afectando esto tendríamos buena parte de la solución. Además, están afectadas con el IPP y algunas con el IPC”.

En este sentido, dijo que el próximo viernes habrá anuncios del Gobierno en torno a este asunto y que a finales de mes estarían algunos de los contratos implicados renegociados (ver cronograma).

Finalmente, afirmó que alrededor de las energías renovables también habrá un camino para superar la crisis: “Por el estallido solar en el Caribe hay una ruta de solución en el mediano plazo”.

Cambio en la fórmula

De acuerdo con la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, los efectos de las negociaciones no serán “inmediatos” debido a que se deben cumplir procedimientos propios del sector tras un cambio en la fórmula que actualmente se utiliza para fijar las tarifas.

“Cuando se hace cualquier modificación en la fórmula, no es de inmediato. Los procedimientos que hay en el sector llevan a que se refleje dos meses después. Eso no debe ser entendido como falta de voluntad, sino porque son los procedimientos normales”, dijo la funcionaria.

Ruiz indicó, además, que han avanzado en los acercamientos con generadores, comercializadores y distribuidores, con el fin de llegar a un acuerdo. Los usuarios, a través de diversas asociaciones, también han participado en este proceso.

La viceministra de Energía fue enfática al sostener que “hemos dialogado con Afinia Air-e, mirando las posibles salidas”.

Este miércoles en Bogotá se reunieron los gobernadores de Antioquia y Córdoba, Aníbal Gaviria Correa y Orlando Benítez Mora, con senadores y representantes de sus departamentos, para socializar el acuerdo de voluntades que suscribieron en agosto ambos mandatarios, en el que reafirmaron su interés de constituir una Región Administrativa y de Planificación – RAP –, que permita la integración regional y el desarrollo de proyectos.

En el encuentro se explicaron las líneas de trabajo que serán el marco estratégico de la RAP de la Paz, la Vida y la Noviolencia y con ello consolidar proyectos de largo plazo que mejoren la calidad de vida de los más de ocho millones de habitantes que conforman ambos territorios.

El gobernador Aníbal Gaviria manifestó que “la Casa de Antioquia en Bogotá es hoy también la casa de Córdoba, seguiremos avanzando de la mano de las bancadas de nuestros departamentos y las Asambleas en la constitución de la RAP de la Paz, la Vida y la Noviolencia”.

Al final del encuentro destacó la respuesta positiva por parte de las bancadas parlamentarias “por el sentido de hermanamiento y unidad que atravesó la reunión” y añadió que quedaron definidas las líneas de trabajo “para avanzar de la forma más concreta posible en la inclusión en el presupuesto y en el Plan Nacional de Desarrollo de partidas para proyectos estratégicos en esta RAP”.

Por su parte, el Gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, resaltó que “seguimos dando un paso muy importante con solidez y planeación en esta voluntad conjunta entre Córdoba y Antioquia en consolidar la RAP que integre nuestro territorio y que aproveche las oportunidades que desde allí se puede desprender para afrontar las problemáticas y responder las expectativas de las comunidades. En esta socialización tuvimos aportes importantes de las bancadas que enriquecen esta construcción”.

Bajo diez líneas estratégicas se buscará consolidar proyectos de largo plazo como la gestión integral de ecosistemas estratégicos tales como el Nudo del Paramillo y La Mojana, la conformación de una mesa interdepartamental de diálogos para la paz y la vida; y la implementación de proyectos con iniciativa PEDT en la zona fronteriza y la conectividad con infraestructuras para la equidad con vías como San José de Uré y Tarazá; Carepa y Piedras Blancas, San Pedro y Valencia, entre otras. Además de lo relacionado a la vía férrea Magdalena Medio, Bajo Cauca y Urabá con Córdoba, Puerto Antioquia y el Puerto Marítimo en San Antero, entre otros.

Por su parte, el Director de la Federación Nacional de Departamentos, Didier Tavera Amado, aseguró que este nuevo hermanamiento es una estrategia para celebrar, y que desde su entidad “acompañaremos con el documento técnico para presentarlo ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado y surja el trámite para inscribirlo ante el Ministerio del Interior. Le hacemos un llamado a las Asambleas de ambos departamentos para que puedan apoyar la iniciativa”.

El senador cordobés Marcos Daniel Pineda García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, manifestó que “vemos con muy buenos ojos esta importante hermandad entre Córdoba y Antioquia para proyectar con visión de futuro el desarrollo de nuestros dos departamentos. Esta historia tiene 70 años desde que Córdoba se fundó con el nombre inspirado en el prócer antioqueño José María Córdoba. Hoy tenemos pueblos hermanos, vecinos que en vez de frontera deben ser bisagra y por eso veo con ilusión como subregiones como el Urabá antioqueño se pueda unir con la zona costera de Córdoba”.

De ser aprobada la constitución de la RAP por el Senado e inscrita en el Ministerio del Interior, el esquema contaría con personerías jurídica, autonomía financiera y recursos para ejecutar los proyectos planteados dentro del plan estratégico.

El Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico en Córdoba, denunció que los trabajadores de la empresa Afinia están corriendo peligro al recibir amenazas de agresión de grupos armados ilegales y de civiles, en rechazo a deficiencias en la prestación del servicio y alza en las tarifas.

Aclarando que no son responsables de lo ocurre, dijeron en rueda de prensa desde Montería, que en algunas poblaciones han sido intimidados por grupos ilegales, de los que no quisieron dar nombres, así como de comunidades que expresan descontento con el servicio.

“No somos responsables que las tarifas aumenten, no somos culpables que no se hayan hecho inversiones necesarias y que el servicio se interrumpa”, expresaron voceros del sindicado desde un hotel en el norte de Montería donde se pronunciaron ante la prensa local.

Recientemente tuvieron un incidente en Puerto Libertador donde les ordenaron bajarse de la camioneta y procedieron a quemarla.

Pidieron a la comunidad y grupos ilegales respetar la integridad de quienes trabajan y no son dueños de la operación eléctrica.

En el pronunciamiento cuestionaron que la empresa tenga un músculo financiero de gran calado y no invierten lo necesario para reducir problemas con la prestación del servicio.

En las últimas horas se conoció que el excongresista Jorge ‘Titi’ Burgos Lugo demandó la investidura de la Representante a la Cámara Ana Paola García Soto, por presuntamente violar los topes o límites de gastos durante campaña electoral fijados en 2.600 millones de pesos.

La demanda que fue interpuesta en el Consejo de Estado el 2 de septiembre y admitida cuatro días después hace parte de una batalla jurídica que ha emprendido Burgos Lugo para obtener en los tribunales la curul que los ciudadanos cordobeses no le dieron en las urnas el pasado 13 de marzo.

Como se recordará, tras conocer el preconteo de las elecciones legislativas de marzo, Burgos Lugo presentó una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, alegando que se le violó el debido proceso y solicitó no cerrar los escrutinios hasta que no se fallara de fondo la tutela. Los magistrados declararon improcedente la tutela y Ana Paola García recibió la credencial ganada en las urnas.

Ana Paola García Soto llegó a la Cámara de Representantes con 57.051 votos. Desde su curul está impulsando varias iniciativas legislativas que de ser aprobadas beneficiaran a miles de colombianos.

Sobre esta batalla jurídica, el abogado de la congresista oriunda de Planeta Rica, Ana Paola García, Iván De la Espriella, dijo que “el señor Jorge Burgos todavía no acepta la derrota en las urnas y con estas demandas viene actuando con temeridad”.

El defensor señaló que tienen cinco días para contestar la demanda y que en los próximos días se dará la debida respuesta a ella. “Tenemos absoluta tranquilidad y confianza de que todo lo que se hizo en la campaña está en el marco de la ley y presentaremos todos los soportes de gastos de la campaña de Ana Paola García”, reiteró De la Espriella.

Sin terminar quedó el proyecto que buscaba el funcionamiento de una Clínica Materno Infantil en el hospital San Jerónimo de Montería. El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, firmó una resolución que pone fin al millonario contrato que fue suscrito en noviembre de 2012 con el Consorcio Unidad Materno Infantil.

Según el mandatario departamental, esta obra que se encontraría en un 75% de ejecución, no estaría prestando ningún tipo de beneficio a la comunidad, por lo que se requería cerrar su capítulo.

“La terminación unilateral del contrato 706 del 23 de noviembre del año 2012, lo que nunca nadie se atrevió a hacer antes de nuestro gobierno. Si eso no va a servir, terminemos el capítulo jurídico, técnico y financiero. No vamos a esperar más, ya han pasado 10 años, nadie tomó decisión, cerramos esto y los órganos de control tomaran la determinación que encuentren fiscal, penal y disciplinaria, nosotros vamos a arrancar una nueva historia con el Materno Infantil, a invertir los recursos necesarios a partir de lo que ahí está porque el departamento lo necesita”, dijo el gobernador Benítez.

En la resolución firmada por el mandatario se advierte que, inicialmente, el contrato se suscribió por un valor de $13.451.441.456 y una duración de 10 meses, sin embargo, se anota que “el contrato ha sido adicionado en tres ocasiones por un valor total de $3.898.229.645, y conforme con los diagnósticos realizados para que la obra cumpla con la norma técnica y poder concluir el proyecto restaría por adicionar $15.250.656.437, constituyendo una de las consideraciones para terminar la vinculación contractual con el Consorcio Materno Infantil”.

En ese sentido, se concluye que “el proyecto en el estado actual no es viable”. Contra esta decisión administrativa procedería el recurso de reposición.

De momento, la estructura donde iba a funcionar la esperada clínica es utilizada como parqueadero en el hospital San Jerónimo de Montería. Mientras, las comunidades señalan que proyectos como estos se requieren en un departamento que carece de este tipo de escenarios y que tiene un registro de 22 muertes maternas durante el último año.

Cabe recordar que la Contraloría había advertido que en Córdoba hay ocho obras inconclusas que habrían recibido supuestas inversiones cercanas los 50.000 millones de pesos. Justamente, la Clínica Materno Infantil encabezaba el listado de proyectos críticos en esta sección del país.

Afinia dio detalles del aumento de tarifas del servicio en el Caribe. Mininterior habló sobre incluir la estabilización tarifaria en el Gran Acuerdo Nacional.

En medio del congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones de Colombia (Andesco), en el Hotel Las Américas, el gerente de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, se refirió a los aumentos tarifarios en el servicio de energía en la Costa Caribe, hecho que ha provocado varias protestas en los últimos meses.

“El Índice de Precios al Productor (IPP) es el indexador que actualiza los precios de los contratos de compra de energía. Esta variable tuvo un aumento inesperado, para este año se tenía previsto que aumentara en un 6%, en todo el 2022; sin embargo, ya superó el 16%. Esta es una de las variables que impacta el precio de las tarifas”, señaló el gerente de Afinia. 

Además, resaltó que el usuario paga una tarifa justa, acorde a las condiciones de cada familia, pues en realidad los incrementos graduales que se están realizando en las tarifas de los usuarios para saldar las pérdidas de energía en el Caribe están por debajo de lo que permite la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Esta metodología tarifaria se autorizó en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, a través de la Ley 1955 de 2019 (25 de mayo), artículo 318, el cual permite establecer un régimen transitorio especial en materia tarifaria con el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la Costa Caribe.

Por último, Lastra resaltó que esta metodología se implementará hasta el 2025, es decir, hasta entonces las costos en los recibos de las familias costeñas continuarán aumentando.

Aun así, dejó claro que la empresa Afinia está abierta a buscar alternativas que permitan aliviar el bolsillo de los usuarios.

“Nos hemos reunido con el Ministerio de Minas y Energía para encontrar esas soluciones que permitan disminuir el valor de las tarifas con fuentes alternativas”, dijo.

De otra parte, en el congreso de Andesco le propusieron Gobierno establecer un Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para los recibos de energía; sin embargo, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó que ese fondo sea incluido en la reforma tributaria: “La reforma tributaria no tiene nada que ver con el tema de energía. Este tema será revisado por la CREG para ver cómo se puede suavizar. La tributaria no le va a dar recursos específicos a ningún sector”.

El pasado miércoles el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, nombró a Iván Tapia Morfil como nuevo secretario de Desarrollo Económico del departamento.

Tapia Morfil quien es ingeniero de sistemas y especialista en gestión de entidades territoriales es oriundo del municipio de Montelíbano y pertenece al movimiento político que lidera el Representante a la Cámara, Andrés Calle Aguas.

El gobernador del Córdoba, Orlando Benítez, solicitará «un subsidio que compense y equilibre el costo de la energía».

Este jueves, 8 de septiembre, se llevará a cabo una reunión entre los alcaldes de Caribe colombiano y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, para buscar soluciones a las altas tarifas en el servicio de energía que sufren los hogares de esa región con montos, en algunos casos, exorbitantes.

Justamente, las quejas han incrementado en los últimos meses, por cuenta de los valores que se reflejan en los recibos de luz en todo el país, aunque con más preocupación, en la costa Caribe.

«Los ingresos son muy pocos para pagar recibos de hasta $25 millones. De dónde una persona va a sacar para pagar eso», indicó uno de los usuarios afectados a Noticias RCN.

El gobernador del Córdoba, Orlando Benítez, solicitará «un subsidio que compense y equilibre el costo de la energía en la costa». Entre tanto, el Gobierno Nacional pide explicaciones a las empresas prestadoras del servicio.

«Hemos tenido unos diálogos específicos con empresas comercializadoras que van a tener una responsabilidad», sostuvo la ministra de la cartera de Minas y Energía.

Por su parte, los gremios generadores de energía dicen que deben estudiar alternativas reguladoras, que no impliquen riesgo, para construir una solución definitiva que le sirvan a todas las partes.

Cabe recodar que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios y el Ministerio de Hacienda también revisarán la regulación de las tarifas de energía, con el fin de que sean estables y asequibles para todos los ciudadanos.