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PRIMER PLANO

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ACP y ACM señalan que se afectarían las inversiones que el país necesita actualmente en los sectores minero y energético.

En una misiva de siete puntos, los gremios del sector minero-energético: la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) expusieron sus argumentos sobre la reforma tributaria del Gobierno Petro, en representación de las empresas del sector, como grandes contribuyentes del Estado colombiano.

De acuerdo con el comunicado, en el primer punto, los gremios destacan los aportes adicionales en épocas de precios altos de los ‘commodities’. «De hecho, el sector minero-energético (minería e hidrocarburos) es uno de los grandes contribuyentes de la Nación, su aporte en 2022 se estima en $72,7 billones; y para el 2023 este aporte alcanzaría los $90 billones, sin la entrada en vigencia de la reforma».

Precisan que, de estos recursos, una parte están ligados a obligaciones contractuales por precios altos del carbón y petróleo.

Como segundo punto, los gremios advierten sobre el riesgo que conlleva elevar aún más la carga tributaria para el sector minero-energético, y las consecuencias que esto tendría para atraer las inversiones que el país necesita actualmente, «dado que Colombia tiene una de las mayores cargas tributarias de la región (la tercera en hidrocarburos y la más alta en minería) y la reforma tributaria implicaría un incremento del ‘Government take’ de entre un 20% y 22%».

Por eso, la ACM y la ACP sostienen que la pérdida de inversión pone en riesgo la viabilidad de proyectos hidrocarburíferos y de minerales claves para la transición y la seguridad energética.

Por ejemplo, reza el comunicado, en el caso de la industria del petróleo y gas, ante la pérdida de competitividad, la producción futura de petróleo podría caer entre 50 mil y 70 mil barriles diarios, y por ende caería también el recaudo tributario ($33 billones entre 2023 – 2032), «generando un efecto contrario al propósito de la reforma».

Otra de las consecuencias que afirman los gremios de estos sectores es la pérdida de inversión tendría repercusiones para las regiones con presencia del sector de hidrocarburos, pues los proyectos que sean inviables se traducen en pérdida de empleos (hasta 20.000 vacantes directas).

«Además, se vería afectada la contratación de bienes y servicios, rubro que para el 2021 ascendió a más de $29 billones en su mayoría en municipios mineros y petroleros. En ese mismo sentido, se afectarían nuevos recursos de inversión social y ambiental de las empresas que operan en estas zonas (en 2021 la inversión ascendió a más de $537 mil millones en municipios de incidencia minero-hidrocarburífera)», dice la carta enviada a la opinión pública.

Por eso, insisten en la necesidad de eliminar el impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, el cual, además de ser antitécnico, castiga las exportaciones de un sector que representa el 56% de exportaciones totales del país, aumentando el riesgo de generar desequilibrio en la Balanza de Pagos de Colombia y sus implicaciones en el costo del dólar e inflación, las cuales impactan el bolsillo de todos los colombianos.

«Los gremios del sector minero-energético hacemos un llamado respetuoso al Gobierno nacional y al Congreso de la República a considerar ajustes frente a la sobretasa al impuesto a la renta y la eliminación del impuesto a las exportaciones, considerando su inconveniencia técnica, normativa y constitucional».

En otras palabras, que la sobretasa que se plantee para el sector minero-energético esté acorde con la carga impositiva de la región, aplique a partir de precios altos y de manera escalonada, y se considere como un reemplazo a las propuestas de no deducir las regalías y de imponer un impuesto a las exportaciones, de manera que el sector pueda asegurar su viabilidad y, en consecuencia, pueda continuar aportando importantes recursos a las finanzas de la Nación y las regiones.

Gracias a la firma de un memorando de entendimiento entre la Gobernación de Córdoba, Cerro Matoso y su Fundación, y la empresa Carbomax, así como al apoyo de la Alcaldía de Montelíbano, se iniciaron las obras de intervención de diferentes tramos de la vía departamental “variante Montelíbano – Puerto Libertador”.

Con el esfuerzo conjunto de estas entidades públicas y privadas se busca mejorar las condiciones en cuatro puntos estratégicos de esta vía, promoviendo la seguridad e integridad de los usuarios que se movilizan entre Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, y en general hacia y desde la zona rural de la región del Alto San Jorge.

La intervención se hará en los puntos Las Palmas, EDS Primax y en las rectas Mucha Jagua y La Candelilla. Las actividades que se ejecutarán dependen de la necesidad de cada tramo, incluyendo mantenimiento de cunetas, reparación de la carpeta asfáltica y relleno y compactación de bancada, entre otras, dando cumplimiento a los estándares técnicos y de calidad de la normatividad colombiana.

La secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Córdoba, Cilia Tobías Carrascal, destacó la importancia de esta intervención y precisó que, con la misma, se permitirá prevenir accidentes y afectaciones tanto a los peatones como a los vehículos y motocicletas que transitan, mejorando la seguridad vial en dichos sectores. Asimismo, destacó el trabajo mancomunado con la Fundación Cerro Matoso y la Alcaldía de Montelíbano que ha permitido buscar soluciones a la afectación que ocasiona a la comunidad por el mal estado de dicha vía.

Por su parte Joyce Nessin, gerente de Asuntos Corporativos de Cerro Matoso, manifestó: “Las intervenciones que iniciamos la semana pasada en la vía es fruto del trabajo conjunto entre el gobierno departamental, local y el sector privado, en donde todos compartimos el mismo objetivo: contribuir al bienestar de la población en el sur del departamento. Estamos convencidos de que estas obras facilitarán la movilidad en la vía, fomentando la seguridad de todos. Finalmente, hacemos un llamado a la población por un tránsito responsable en las vías, cuidándose y cuidando a los demás”.

Las Gobernación y la Alcaldía de Montelíbano, en especial la Oficina de Tránsito, invitan a lo diferentes usuarios de la vía a acatar las indicaciones de movilidad y el plan de tráfico definido en el marco del desarrollo de las obras, fomentando la realización de estas de forma segura y en los tiempos acordados.

Desde la posesión de Gustavo Petro como presidente se han erradicado más de 7.000 hectáreas de coca en el país.

En el último mes, a Montelíbano, San José de Uré, Puerto Libertador y Tierralta, municipios del Sur de Córdoba han llegado miembros de la Policía Antinarcóticos y del Ejército a erradicar de manera forzada cultivos de coca. Los campesinos, indignados, les reclaman porque el gobierno de Gustavo Petro había prometido que no iba a haber erradicación forzada ni fumigación con glifosato.

Según Emiliano Martínez, delegado departamental de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana, los integrantes de la Fuerza Pública sólo limitan a responder “Que ellos solo cumplen órdenes presidenciales, que la erradicación no ha parado y que tienen que cumplir sus contratos”.

Los líderes se han mostrado sorprendido con los operativos porque el general Henry Sanabria, director de la Policía había indicado que “las operaciones de erradicación forzada de los cultivos de matas de coca se suspendieron” y que lo que estaban aplicando era la erradicación voluntaria. Sus palabras concordaban con el discurso que mantuvo el presidente Petro durante su campaña y que reiteró en su reciente ponencia ante la Asamblea General de la ONU: que la guerra contra las drogas no puede ser contra el campesino.

Operativos en toda la zona

A la vereda La Bonita, de Tierralta, miembros de la Policía llegaron en helicóptero, con fumigadoras de motor en la espalda cargadas de glifosato. “Bajaron, rociaron el veneno y cuando los campesinos se estaban acercando para confrontarlos, el helicóptero los levantó y se fueron”, explica Cervelión Cogollo, presidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú. Ese sábado, los policías erradicaron casi dos hectáreas de coca mediante aspersión.

La imagen se venía repitiendo en el departamento desde un mes atrás. Sucedió el 21, 25 y 30 de agosto en las veredas La Danta y San Antonio Indígena, de San José de Uré, dentro del Parque Nacional Nudo de Paramillo; el 11 de septiembre en la vereda Santa Bárbara de Puerto Libertador, y el 15, 16 y 17 de septiembre en la vereda Candelaria de ese mismo municipio.

La erradicación no ha sido solo a través de fumigación terrestre por parte de la Policía. Desde el fin de semana pasado, a las veredas de Solo Dios y Veredas Unidas, del corregimiento de Puerto Nuevo, en Montelíbano, llegaron miembros del Ejército a hacer erradicación manual. “Cuando los campesinos están en la tierra, los militares se evitan la discusión y llegan, miden el cultivo, arrancan unas 50 matas y lo registran como erradicado”, denuncia Emiliano Martínez, quien también es miembro de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba (Acsucor). Para él, eso no soluciona el problema de raíz: “Eso solo logra que los cultivos aumenten. Lo que nosotros queremos es una solución de fondo”, señala.

Campesinos insisten en alternativas de sustitución

Los campesinos de las cuatro regiones aseguran que la persistencia de la erradicación forzada se suma a las trabas en la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), estrategia creada por el Acuerdo de Paz con las Farc, para que los agricultores cambiaran los cultivos de coca por proyectos legales.

El programa, que inició en 2017, estaba planeado a 24 meses, que el gobierno Duque extendió a 29. Pero a agosto de 2022 (56 meses después), de las 82.239 familias cultivadoras y no cultivadoras inscritas, solo 1.986 han culminado el proceso de sustitución y cerca del 25 % no han comenzado los proyectos productivos de ciclos cortos y largos que reemplazarían la actividad cocalera, según cifras oficiales.

 

El empresario fue secuestrado por desconocidos en su finca en el área rural de Montería.

Benítez, gobernador de Córdoba, informó en la noche de este lunes, a través de su cuenta de Twitter, que el ganadero Salim Haddad, quien fue secuestrado en su finca en el área rural de Montería, fue liberado en el municipio de Bosconia, en el departamento del Cesar.

Según el mandatario departamental, el reconocido empresario goza de buen estado de salud.

Las autoridades de Córdoba habían ofrecido una recompensa de 100 millones por información que permitiera dar con el paradero del ganadero.

El empresario y ganadero cordobés Salim Haddad García fue secuestrado en horas de la noche de este sábado 1 de octubre, cuando se encontraba en la zona antes mencionada, a tan solo 11 kilómetros del casco urbano.

Haddad García, dueño de la Clínica Diac y Clínica Central, es miembro de una reconocida familia de comerciantes monterianos que hace varias décadas habría padecido de este flagelo.

Un incendio de grandes proporciones se registró la mañana de este lunes al interior de la mina de carbón “El Campano” de propiedad de la empresa Carbomas y ubicada en zona rural del municipio de Puerto Libertador en el alto San Jorge.

Las llamas consumieron un camión y elementos utilizados en las labores de minería. Por fortuna en el hecho no se registraron víctimas mortales o personas lesionadas. La emergencia fue atendida por el cuerpo de Bomberos de Puerto Libertador.

Se desconocen las causas del incendio que generó pánico entre los trabajadores de la mina de carbón.

El gobernador de Córdoba entregó las obras de la primera etapa de mejoramiento de la red vial terciaria del municipio de San José de Uré en el sur del departamento.

Se trata de un tramo en placa huella en cuya construcción se invirtieron recursos por el orden de los 1.815 millones de pesos y que conectan a las veredas El Porvenir, La Cabaña y El Cerro en zona rural de este municipio.

El mandatario departamental destacó que es tan solo el primer tramo de varios que actualmente están visionados para seguir mejorando la conexión rural de estas olvidadas poblaciones.

“Actualmente se está ejecutando el tramo dos y queremos que estas vías sean para el beneficio de todos los pobladores de esta región”, dijo el mandatario departamental.

De igual manera, Benítez Mora destacó importantes avances gracias a los recursos de Ocad de paz que se aprobaron para San José de Uré por el orden de $50 mil millones para vías, educación y temas medioambientales.

Luego de su llegada a la Presidencia de la República, el primer mandatario Gustavo Petro prácticamente está tirando la casa por la ventana. De acuerdo a la tienda virtual Colombia Compra Eficiente, se realizaron dos compras en las que la Presidencia adquirió electrodomésticos de lujo y lencería de hogar para dotar la casas privadas del jefe de Estado y la vicepresidenta Francia Márquez.

La gestión, que se realizó a través del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) con las ordenes de compra 96358 y 96479, fue para la compra de 31 artículos entre electrodomésticos y juegos de cama, que en total superan los $173 millones.

Entre los objetos que componen la lista llama la atención un televisor Samsung de 85 pulgadas, por un valor de $27.499.900 pesos, además otro de similares características e igual marca pero de 70 pulgadas, por $10.867.000; una licuadora digital de 10 velocidades, por $1.846.000; una cubiertas de vitrocerámica eléctrica Le Cuisine, por $7.338.400; y dos cubiertas de vitrocerámica inducción Le Cuisine, por $34.815.000 pesos.

Así mismo, la dotación no solo fue para la Casa de Nariño, sino también para la Casa de Huéspedes de Cartagena, en la que sobresalen dos plumones de ganso por $8.159.800, cuatro Duvet de 500 hilos por $11.560.000, ocho duvet king tela 300 hilos por $15.200.000, y cuatro juegos de cama de tela de 500 hilos, por $8.440.000 pesos.

Al respecto, Mauricio Lizcano, director del Dapre, aseguró en su cuenta de twitter que las respectivas dotaciones son un proceso rutinario que se hace en los cambios de gobierno.

“Amoblar las casas privadas es un deber del Dapre luego de previas solicitudes de los jefes administrativos de cada casa y todas las compras como en este caso, se hacen a través de la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente, un mecanismo transparente”, aseguró el funcionario en su trino.

Las millonarias adquisiciones de dotación se hacen públicas en momentos que el Gobierno Nacional, incluso el mismo presidente Gustavo Petro viene recalcando que su mandato se caracterizará por la austeridad.

La Alcaldía de  Montería está dispuesta a entregar 100 millones de pesos por información que ayude a esclarecer el paradero del ganadero Salim Haddad García, secuestrado en las últimas horas en zona rural de la capital cordobesa. De igual manera, el Gobierno nacional ordenó activar una búsqueda urgente con el respaldo de los grupos élites de la Fuerza Pública.

Estas medidas se tomaron en la mañana de este domingo, luego de que se instalara un consejo de seguridad permanente con el fin de alcanzar la liberación del integrante de la Federación Ganadera de Córdoba. La detención ilegal fue reportada en las últimas horas y estaría condicionada a la entrega de una millonaria cantidad de dinero.

Aunque las autoridades no entregaron detalles del crimen, se planteó que personas con armas de fuego lo habría intimidado. No se descarta que los grupos armados que delinquen en el territorio estén detrás de esta emergencia a razón de que la extorsión es el mecanismo que los mantiene con vida en el terreno ilegal, sobre todo el Clan del Golfo.

El mandatario de este departamento, Orlando Benítez, explicó que las labores de rescate se concentrarán en los principales ejes viales de la región y habrá monitoreo desde el aire para encontrar algún elemento que dé pistas sobre el sitio donde los delincuentes tienen al reconocido empresario, quien también trabaja en el sector de la salud.

“Hay una integración total por parte de la institucionalidad. Queremos exigir, de manera contundente, el respeto a la vida de nuestro coterráneo cordobés. De igual manera, queremos expresar que hemos decidido tener un puesto de mando unificado permanente hasta que se solucione esta situación”, afirmó el gobernador de la región.

Ahora bien, los ministerios de Defensa y el Interior ya fueron notificados del secuestro de Salim Haddad García. Ambas carteras coincidieron que todos los recursos operacionales están dispuestos para facilitar las tareas de rescate. Entre tanto, el Equipo Especial Antisecuestro de la Policía Nacional llegará a Montería, con la vigilancia del director de esta unidad.

“El ministro del Interior, Alfonso Prada, me confirmó el envío del Gaula Élite para que se encarguen de los operativos. Además de ello, se desplazan aeronaves para respaldar las acciones. Estamos trabajando segundo a segundo por la libertad del doctor Haddad”, detalló a través de un comunicado a la opinión pública el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia Sanín.

El próximo martes, el consorcio encargado de construir el acueducto regional del San Jorge y la firma interventora notificarán la fecha en que reiniciarán los trabajos para finalizar la obra que llevará a agua potable a más de 100 mil habitantes de La Apartada, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo.

Así lo indicó el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, tras explicar que en este momento los trabajos están suspendidos por razones técnicas y jurídicas pero que están a punto de reactivarse.

El mandatario estuvo ayer en el lugar donde funcionará la planta del acueducto e inspeccionó las pruebas de bombeo y calidad de agua que se realizan antes de entregar el proyecto. Benítez Mora precisó que la visita de supervisión fue “para corroborar que el elefante blanco, que heredamos, lo podamos cazar y se pueda entregar para beneficiar a los habitantes de los municipios de la Apartada, Buenavista, Pueblo Nuevo y Planeta Rica”.

Para la construcción de este acueducto han sido destinados más de 92 mil millones de pesos. Con la ejecución del proyecto se busca que estas poblaciones tengan acceso al agua potable con una continuidad del servicio de 24 horas diarias.

 

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, reveló en las últimas horas que dos hospitales del sur del departamento de Córdoba adeudan cerca de 4.183 millones de pesos por concepto de la prestación del servicio de energía.

Uno de estos centros asistenciales es la E.S.E. Hospital San Nicolás de Planeta Rica, cuya deuda supera los 1.308 millones de pesos por lo que la empresa Afinia ha extendido la invitación a la gerente Lina Marcela Romero Benítez, para normalizar la deuda del servicio, así como al alcalde Rubén Darío Tamayo Espitia, quien preside la junta directiva de la entidad.

La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, reveló en las últimas horas que dos hospitales del sur del departamento de Córdoba adeudan cerca de 4.183 millones de pesos por concepto de la prestación del servicio de energía.

El otro hospital es el San José de Tierralta que adeuda alrededor de 2.875 millones de pesos.

El Gerente de Afinia en Córdoba, Miguel Cuentas, aseguró que: “desde el año 2019 no se registran pagos o abonos significativos a la deuda por parte de esta entidad, pese a los incansables esfuerzos y gestiones que se adelantan. Por tanto, hacemos un llamado a la representante legal, Helianta Calle Fernández, para que cumpla con las obligaciones de ley adquiridas con la empresa, así como al alcalde, Daniel Enrique Montero Montes, en calidad de presidente de la junta directiva de esta entidad”.

Afinia ha ofrecido planes de financiación

Al respecto, Liliana Barrios, gerente en Córdoba Sur, destacó que “a través de diversos planes de financiación y reuniones hemos querido tener acercamientos con las directivas del Hospital para que cancelen la deuda, pero a la fecha no ha sido posible. Seguimos con toda la disposición de ofrecerles opciones que nos permitan avanzar en la recuperación de esta cartera, recursos necesarios para continuar desarrollando proyectos de inversión”.

No le pueden cortar la luz

Entidades oficiales como hospitales, acueductos, instituciones educativas y el sistema de Alumbrado Público, están constitucionalmente protegidos por lo que no han dejado de recibir el servicio de energía, sin embargo, la terminación del contrato del servicio es el mecanismo legal ante los incumplimientos del pago del servicio.

Octubre será el primero de tres meses en el que el Gobierno subirá el precio del galón de gasolina corriente. El objetivo de las alzas paulatina será disminuir poco a poco el déficit que existe en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).

Según datos suministrados por Minhacienda, los gastos que representa este Fondo para el Gobierno nacional ascendieron a más de $17 billones entre 2011 y 2019, lo que equivale a una reforma tributaria cercana a la que quiere hacer el presidente Gustavo Petro.

Para 2021, el mismo ministerio de Hacienda calculó que el déficit llegó a $11,4 billones. El aumento en el monto subsidiado se dio una vez comenzaron a subir los precios internacionales después de superada la pandemia.

Con el fin que los colombianos no sintieran el aumento de precios de manera abrupta, el entonces gobierno de Iván Duque decidió mantener el subsidio que para entonces incrementó conforme al alza de los precios internacionales.

El Gobierno justifica el incremento de $200 en que el Fondo de Estabilización del Precio del Combustible ya acumula un déficit de $10 billones, y que en un año este podría ser de $40 billones si no se ajustan las tarifas para que se cierre la brecha con los precios internacionales del petróleo.

En ‘plata blanca’, hoy los colombianos compran la gasolina como si el petróleo estuviera rondando los 50 dólares por barril, cuando está cercano a los 100 dólares, y estuvo incluso por los 130 dólares. Esa diferencia la paga el Estado del Presupuesto General de la Nación y de las utilidades de Ecopetrol. Por eso, el Gobierno decidió subir el precio.

Obviamente aumentar el combustible tiene efectos muy importantes en toda la sociedad, pues con ello sube el costo de transportar cualquier cosa, sea carga o pasajeros; de ahí que los taxistas y otros ciudadanos estén tan preocupados.

¿Seguirá subiendo el próximo año?

Al respecto, ante un supuesto de un galón sobre los $13.000 a finales de 2023, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que aún no hay una directiva clara desde el Gobierno Nacional.

“El presidente Petro aún no ha decidido lo que va a pasar con el precio del galón corriente para 2023”, dijo en la rueda de prensa de la Junta Directiva del Emisor.

Son en total 51 diálogos regionales vinculantes que se llevarán a cabo en todo el país.

El Gobierno de Gustavo Petro decidió suspender de manera momentánea los diálogos regionales vinculantes en todo el país por temas logísticos. Las reuniones en Cali y Ocaña se reprogramarán, mientras que las de Leticia se mantendrán.

Con estos diálogos, el Gobierno Nacional busca escuchar las peticiones que tienen las diferentes poblaciones de las regiones del país, para que fueran implementadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia.

Con esta suspensión, lo que quiere el Gobierno es reformar la manera en la que se estaba convocando a estos diálogos regionales vinculantes en diferentes territorios nacionales.

De acuerdo el presidente de la República, Gustavo Petro, serán en total 51 diálogos regionales vinculantes para que entre el Gobierno y las comunidades se lleguen a acuerdos para mejorar el desarrollo del país.

Se espera que Luis Fernando Velasco, el alto consejero para las regiones, explique cómo se harán estas modificaciones.

El gobierno de Gustavo Petro cambió de decisión y apoyará la realización del ‘Día sin IVA’ en 2023. Así lo anunció el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien detalló que la iniciativa es uno de los cambios que se le agregaron a la Reforma Tributaria.

Al respecto, el ministro Ocampo explicó que, de aprobarse la Reforma, se realizarían dos días sin IVA en 2023, pero solo para productos nacionales que no superen las 80 Unidades de Valor Tributario, UVT, es decir, que no cuesten más de $3.040.000.

Así entonces, el primer día se realizaría entre febrero y marzo, mientras que la segunda fecha sería en agosto.

«Veo que es una buena alternativa, de hecho ya había estado hablando con Fenalco sobre esa materia. Eso sí, productos nacionales, porque los días sin IVA que venían funcionando antes tenían básicamente productos importados», aseguró el ministro Ocampo.

Productos que aplicarnía en los Días sin IVA de 2023

Prendas de vestir de todo tipo, cualquier pieza de vestido o calzado, sin importar el material de elaboración. Se excluyen las materias primas con un precio de venta por unidad de menor de 20 UVT.

Complementos de vestuario como morrales, maletines, bolsos de mano, carteras, gafas, paraguas, pañoletas y bisutería de menos de 20 UVT ($760.080 con la UVT de hoy).

Aparatos electrónicos que se utilizan en el hogar con un precio de venta de menos de 80 UVT, que incluyen televisores, parlantes de uso doméstico, tabletas, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, lavadoras, secadoras, aspiradoras, estufas, entre otros.

Artículos deportivos como pelotas de caucho, bolas, balones, raquetas, bates, mazos, gafas de natación, trajes de neopreno, aletas, salvavidas, cascos, protectores de manos, codos, espinillas, manillas, guantes de béisbol, guantes de boxeo, entre otros.

Dos tractomulas chocaron el mediodía de este miércoles en el sector conocido como la curva “El gringo” de la vía Montelíbano – Puerto Libertador. Uno de los vehículos de carga pesada se volcó y mantiene obstaculizado un carril, razón por la cual hay movilidad restringida en la zona.

Por fortuna la colisión no dejó personas fallecidas.

Las primeras pesquisas señalan que una tractomula que transporta carbón invadió el carril contrario e impactó un costado de un vehículo de carga pesada que se dirigía a Puerto Libertador.

De manera extraoficial ha trascendido que el accidente habría ocurrido por exceso de velocidad de una de las tractomulas, sin embargo esto no ha sido confirmado por las autoridades. Lo cierto es que entre los usuarios de esta vía son comunes las quejas por las altas velocidades con que transitan las tractomulas por las carreteras del Alto San Jorge.

El Gobierno nacional informó que más de 10 grupos armados al margen de la ley ordenaron el cese al fuego unilateral. El comisionado de Paz, Danilo Rueda, aseguró que las decisiones las han dado a conocer los mismos grupos armados.

“El Estado Mayor Central (Emc), cómo se llaman a sí mismos, la Segunda Marquetalia, en ese mismo sentido, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), están varias oficinas de ciudades, están las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Sierra Nevada de Santa Marta”, afirmó el comisionado de paz en declaraciones.

El Estado Mayor Central es la forma como se denominan a sí mismo las autodefensas de ‘Iván Mordisco’, con cuyos integrantes se reunió recientemente el comisionado de paz, Danilo Rueda. En la reunión que sostuvieron quedó planteada la posibilidad de un cese bilateral al fuego y el inicio de una negociaciones de paz.

La Segunda Marquetalia es el grupo de ‘Iván Márquez’, con quien como lo reconoció el propio Rueda, ya hubo también acercamientos. Según reveló también el comisionado, ‘Márquez’, que fue negociador de las Farc y después se apartó del acuerdo de paz con ese grupo, está convaleciente del atentado que sufrió en Venezuela.

Y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son el llamado Clan del Golfo, que después de la extradición de ‘Otoniel’ quedó en manos de ‘Chiquito Malo’ y ‘Siopas’, entre otros’.

El comisionado de paz además aseguró que la propuesta de paz total del presidente Petro, está en fase de exploración.

“Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición de hacer parte de la paz total. Eso está fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar, y vamos avanzando”, afirmó el comisionado.

El comisionado además reiteró: “El propósito de la paz total es tratar de generar respuestas a esas demandas de paz. Ya lo están haciendo, lo han hecho público y lo han enviado”.

Varios cabildos con asiento en Montería y poblaciones cercanas definieron la realización de una minga indígena en la capital de Córdoba, en solidaridad con la comunidad de Loma Grande, que lleva más de 80 días en protesta, bloqueos y reclamos por las afectaciones del relleno sanitario.

Las autoridades ya fueron informadas de la situación. La minga pretende tomarse accesos y salidas de algunos puntos de la ciudad de Montería y llegarán la concentración en Loma Grande.

De realizarse la manifestación, ese día se imposibilitaría el servicio de aseo en la ciudad.

El gobernador indígena del resguardo Jaraguay, Rafael Gómez Herrera, dijo que fue informado de la decisión de esas comunidades que se han venido reuniendo en mesas de trabajo con delegados del Ministerio del Interior y otras entidades del Estado.

Las autoridades preparan un dispositivo de seguridad para acompañar la marcha para garantizar el legítimo derecho de la protesta, pero piden que no haya bloqueo de vías por las afectaciones que eso trae a la movilidad.

El presidente y el exmandatario conversaron sobre varios temas, entre esos, la reforma tributaria, misma que desde el Gobierno dicen que pueden “revisar integralmente”.

El presidente Gustavo Petro y Álvaro Uribe sostuvieron, por más de una hora, una reunión en la Casa de Nariño. La conversación, que se llevó a cabo en los mejores términos, giró en torno a las reformas que está planteando el actual Gobierno nacional.

“Colombia, con su aparato productivo, puede defenderse, pero no hay que desmotivarlo con la reforma tributaria . Además, le dijimos que para defender a Colombia ante un choque de la economía internacional ayuda mucho tener 80.000 millones de dólares en los fondos de pensiones”, recalcó Álvaro Uribe.

Ante el pedido del exmandatario, el Gobierno nacional reiteró su posición de cambiar las fuentes de ingreso, pero no disminuir el recaudo de 25 billones que esperan con la tributaria.

“El presidente Gustavo Petro le ha dicho que en la medida en que podamos compensar las bajas que proponen con otras alternativas, nosotros no tenemos problema en revisar integralmente la reforma”, sostuvo Alfonso Prada, ministro del Interior.

El otro tema sobre la mesa fue el de la salud y el expresidente Álvaro Uribe expresó su posición: “Que las malas salgan, pero las buenas, que son las verdaderas aseguradoras, por qué las van a quitar. Si quitan las buenas, los únicos colombianos que mantendrían seguro son los que pueden comprar una póliza privada”.

El presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, se reunió en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro para hablar sobre la conflictividad rural y la toma de tierras en diferentes zonas del país.

A su salida del encuentro, Lafaurie aseguró que se habló de aclimatar una “clase media rural”, pues al menos 557 mil ganaderos solo tienen 21 animales en sus tierras por lo que estarían en la ‘pobreza rural’.

“Hay que aclimatar una clase media rural. 557 mil ganaderos tienen en promedio 21 animales eso es pobreza rural, a esa pobreza rural hay que arrimarle bienes públicos, hay que arrimarle vías, hay que arrimarle créditos, asistencia técnica, encadenamiento productivo.

Por ello, aseguró que se podría lograr un acuerdo con los ganaderos en la compra de tierras por parte del gobierno nacional.

“El presidente ha dicho cosas elementales, el gobierno está dispuesto a comprar tierras y lo que habría que buscar es un acuerdo entorno a esto”, aseguró.

Sobre la disposición para venderlas Lafaurie aseguró: “pero por supuesto si el gobierno compra por qué no, se trata de ver como uno logra avanzar en ese frente”.

La Asociación Colombiana de Minería (ACM) advirtió que los cambios propuestos, este lunes 26 de septiembre, por el Ministerio de Hacienda con respecto a la tributación del sector minero mantienen los riesgos e incluso, en algunos casos, se incrementan, con lo que las inversiones podrían caer.

Juan Camilo Nariño, presidente del gremio, señaló que si bien se remueve la no deducibilidad de las regalías, se crea una sobretasa de 5 % para la renta del sector.

Así mismo, en el caso de las exportaciones, no solo se mantiene, sino que se incrementa la tributación por altos precios que pasará a ser de 20 puntos porcentuales.

A pesar de que el gremio había llamado la atención sobre el ‘benchmark’ desde el que se empezaría a considerar la cláusula de altos precios (propuesta en 48 dólares por tonelada), esta no fue modificada y, de hecho, se pasaría a usar un promedio de 20 años que podría llevar a que este se redujera.

Nariño señaló que la industria ya tiene un esquema de tributación especial para cuando hay altos precios, con lo que esto constituiría una doble tributación. Además, afirmó que podría poner en riesgo los Tratados de Libre Comercio (TLC), dado que se corre el riesgo de incumplir.

Es una reforma recargada en el sector minero”, afirmó, en vista de que 48 % de los nuevos recursos entrarían desde la minería.

También dijo que al generar una tributación efectiva de 90 %, las inversiones y las mismas operaciones mineras podrían verse disminuidas, dada la inviabilidad de llevar a cabo los proyectos.

El líder gremial señaló que esto podría significar además un incentivo para la minería ilegal, dado que las condiciones jurídicas y tributarias para formalizar la operación se haría demasiado costosa.

Vía: Portafolio

El presidente Gustavo Petro y expresidente Álvaro Uribe tuvieron una segunda reunión en la Casa de Nariño. El mandatario indicó, al finalizar el encuentro, que «sin problemas dialogamos. Dialogar es de humanos. Dialogar construye civilizaciones».

Con una foto, sellando el encuentro, donde el presidente Petro sonríe y su ministro del Interior, Alfonso Prada también, hablaron de diversos temas, pero dos fueron el eje central: el proyecto de reforma tributaria y la invasión de tierras en Colombia.

A las once de la mañana comenzó esta reunión a la que asistieron también los congresistas del Centro Democrático Miguel Uribe y Óscar Darío Pérez.

Prada indicó que en el proyecto de reforma tributaria, el expresidente Uribe manifestó su preocupación por temas como «el monto a los dividendos, la ganancia ocasional, el impuesto al patrimonio. La necesidad que revisemos esas tarifas para que no impacten negativamente la economía».

Y añadió: «Estamos estudiando cómo compensar adecuadamente. Nosotros no descartamos nada de plano, recibimos cada propuesta dentro de un marco de construcción colectiva que nos permita llevar una propuesta de reforma tributara, para apalancar los proyectos sociales que ambiciona este Gobierno».

El ministro del Interior confió, incluso, en que con estas observaciones del Centro Democrático, en la cabeza de Álvaro Uribe Vélez, pueda aprobarse dicha reforma «por unanimidad».

Otro tema que estuvo en la mesa durante la reunión, según Prada, fue la invasión de tierras. Dijo que habían coincidido con el expresidente Uribe en la visión del conflicto y la tenencia de tierra en Colombia, además de la solución en la compra por parte del Estado.

Recordemos que el presidente Gustavo Petro ha dicho en varias oportunidades que para cumplir con el Punto Uno del Acuerdo de Paz con las Farc, es necesaria la compra de tres millones de hectáreas de tierra que costarán cerca de 60 billones de pesos.

También contó Prada un momento «jocoso» en la reunión, cuando el expresidente Uribe mencionó que había algunos sectores del Centro Democrático y personas que salieron a marchar este lunes 26 de septiembre en contra del gobierno Petro, que le reclamaron por no haber convocado él mismo las marchas.

Este martes 27 de septiembre el presidente Gustavo Petro se reunirá con el exmandatario Álvaro Uribe en la Casa de Nariño. El objetivo es conversar sobre varias de las reformas que propone el gobierno.

El encuentro será a las 11:00 a. m. y Uribe irá en calidad de representante del Centro Democrático y de las causas que llevaron a manifestantes a salir el pasado lunes 16 de septiembre a las calles.

Esta será la segunda reunión que sostendrán los líderes políticos tras la victoria del candidato del Pacto Histórico. En esta ocasión, acompañarán al expresidente los congresistas Oscar Darío Pérez, Paloma Valencia, entre otros.

El tema principal será la reforma tributaria. Asimismo, se debatirán las otras propuestas de cambio del gobierno en temas agrarios y de salud.

Aunque diversos analistas concuerdan en que producto de la reunión no necesariamente se derive en un cambio en el texto del proyecto de reforma tributaria, sí vale la pena destacar algunos efectos a nivel político que trae el encuentro.

Este lunes se levantaron los bloqueos que permanecían en la vía de ingreso al municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, luego de que la comunidad minera decidiera en la mañana de este domingo obstruir el paso para exigir al gobierno que sus problemáticas sean tenidas en cuenta y se acabe la persecución contra la maquinaria amarilla.

Aunque el Gobierno Nacional y departamental ya había llegado a un acuerdo con los mineros para desbloquear los puntos que mantenían sobre la vía que comunica a Medellín con la Costa Atlántica, fue necesario adelantar nuevos diálogos, esta vez, por parte de la Policía Nacional para levantar los bloqueos.  

El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Daniel Mazo explicó que, en compañía con la Defensoría del Pueblo, alcaldías y la Gobernación de Antioquia se logró llegar a un acuerdo para el restablecimiento y habilitación de la vía. 

«Luego de mantener un diálogo con el acompañamiento de @DefensoriaCol@GobAntioquia y líderes de la comunidad del municipio del #ElBagre se logró un acuerdo para el restablecimiento y habilitación
de la vía. #DiosYPatria #EsUnHonorSerPolicía pic.twitter.com/Qc3oj1pEwJ«, se indicó.

Dentro de los acuerdos está el compromiso a frenar las intervenciones en contra de la maquinaria amarilla, suspender operativos en contra de los mineros, así como también propiciar un diálogo vinculante para lo que será necesaria la construcción de reformas al Código Minero.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, regional Bajo Cauca, suscribió un compromiso con el alcalde de Tarazá para realizar actividades de promoción y divulgación de derechos con la comunidad minera.   

Por lo pronto, la Policía Nacional custodiará la vía para garantizar la seguridad de la población y los ciudadanos en tránsito.

Nutridas manifestaciones contra el gobierno de Gustavo Petro, posesionado hace más de un mes, avanzan en sus trayectos en las principales ciudades del país.

En Bogotá las manifestaciones son encabezadas por la oposición del Centro Democrático y Salvación Nacional.

Al respecto, el ex candidato presidencial de este último movimiento, Enrique Gómez, ‘trinó’ en medio de la marcha: «Hay consenso de que el arranque de Petro ha generado una incertidumbre inaudita, tanto por el alcance de sus reformas como por el despelote generalizado».

En Cali la protesta es liderada por el también ex candidato presidencial John Milton Rodríguez, del Partido Colombia Justa Libres.

El líder cristiano tuiteó al respecto: «En Cali multitudes decimos no a las reformas abusivas del gobierno de ⁦@petrogustavo⁩ ⁦@infopresidencia⁩ contra el pueblo colombiano: Reforma tributaria, impunidad a delincuentes,destrucción del sistema de Salud, promoción de la invasión de tierras».

Entre tanto, en la ciudad de Medellín salieron a marchar en contra de las reformas presentadas por el gobierno Petro, cientos de personas que se concentran en la Avenida La Playa.

Las manifestaciones iniciaron a las 10 de la mañana.

De acuerdo a Andrés Rodríguez, uno de los líderes de la manifestación en la capital antioqueña, “No estamos conformes con Petro, que quiere acabar con todo lo que funciona bien, que quiere doblar el precio de la gasolina”.

A esta hora, hay congestión vehicular en el centro de la ciudad, el recorrido, culminará en el Parque de Las Luces, en el sector de La Alpujarra.

También en las redes se registran manifestaciones en Bucaramanga y Cartagena, entre otras ciudades del país.

Así también, diferentes sectores sociales y económicos se sumaron en Valledupar a la marcha nacional en contra de las propuestas y reformas del Gobierno Nacional. Con la bandera de Colombia, decenas de personas recorrieron este lunes las calles céntricas de la ciudad, para manifestar su rechazo a las iniciativas que, según señalaron, han sido inconsultas con el pueblo.

“Esta es una marcha en contra de lo que está proponiendo el Gobierno Petro, que pretende hacer unas reformas del país, en primer lugar inconsultas. Estamos de acuerdo en que Colombia tiene que cambiar, que hay que modificar muchas cosas, pero sobre lo construido”, indicó Joaquín Tomás Ovalle, presidente del Comité Agropecuario del Cesar, quien participó en la jornada.

El presidente de la República, Gustavo Petro, recibirá en la Casa de Nariño al líder de la oposición y jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, para hablar de varios temas de interés nacional.

El encuentro se llevará a cabo este martes y uno de los puntos que tocarán los dos dirigentes políticos es la reforma tributaria que se tramita en el Congreso.

Uribe acudirá a la cita en compañía de algunos congresistas, especialmente los ponentes de esta iniciativa que se está discutiendo en las comisiones económicas de Senado y Cámara.

Entre los legisladores que acompañarán al exmandatario a su reunión con el Jefe de Estado se encuentran Paloma Valencia, Alirio Barrera, Miguel Uribe y Óscar Darío Pérez.

Esta es la segunda reunión oficial presencial que sostiene Petro con Uribe, luego de haber sido elegido como Presidente de la República.

El exmandatario, luego de anunciar que su oposición sería constructiva, manifestó su interés de mantener un canal de comunicación constante con Petro para dialogar sobre los temas de nacionales que le importan al país, como lo es la tributaria.

El Centro Democrático ha dicho que el proyecto, tal y como lo propone el Gobierno, afectará a la clase media y las menos favorecidas, perjudicará el empleo, la inversión y el desarrollo de Colombia.

Este fin de semana, durante un foro que se desarrolló en la ciudad de Cúcuta, Uribe dijo que espera que el presidente Petro pueda darle tranquilidad a todos los colombianos.