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Emilio Tapia habla por primera vez en la Procuraduría tras escándalo de Centros Poblados

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El empresario cordobés fue escuchado en calidad de testigo en la investigación disciplinaria por ese escándalo de corrupción.

Desde la cárcel de Picaleña en Ibagué, el empresario Emilio Tapia habló ante la Procuraduría en el proceso disciplinario que se adelanta contra varios funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones (Mintic) por el escándalo del millonario contrato con Centros Poblados para llevar internet a varias regiones del país.

Cabe mencionar, que Tapia es clave en la investigación porque hizo parte del entramado de corrupción para que esa Unión Temporal se quedara con los anticipos del contrato que rodearon los 70 mil millones de pesos y que beneficiaría a varios colegios en las zonas más apartadas del territorio nacional.

En su testimonio, el empresario habló del trámite que se surtió para la garantía de la propuesta y del contrato entre el ministerio y Centros Poblados.

En ese sentido, Emilio Tapia dijo que el empresario Juan José Laverde empezó a tramitar las pólizas de cumplimiento para el contrato, que finalmente terminaron convirtiéndose en un préstamo de banco.

“Juan José Laverde se había comprometido en que si el contrato fuera adjudicatario a través de una garantía que consiguió con Jorge Molina, él se encaraba a de conseguir las pólizas de cumplimiento (…)  Sentí preocupación de Laverde en el proceso  (…) faltando cuatro días para conseguir las pólizas la otra opción que se le ocurre es hablar con Jorge Molina para conseguir las garantías bancarias para sustituir el tema de las pólizas, pero que eso iba a salir mucho más costoso que las pólizas”, dijo Tapia.

El empresario habló de una “zona gris en la ejecución de las garantías” que supuestamente consistía en “la agilidad interna del banco” para la ejecución de los dineros.

“Faltando pocos días para el plazo de presentar las pólizas, Laverde me dice que está preocupado porque no las ha podido conseguir (…)  La zona gris era la agilidad interna del banco para la ejecución de las garantías”, a través del banco Itaú, explicó Tapia.

“En el banco tenían que hacer tres comités y sólo hicieron uno y que por eso tenían que darle unos honorarios adicionales a Jorge Molina porque él estaba poniendo las garantías» y la ayuda a la gestión al interior del banco, según Tapia.

Tapia dijo que la persona que iba a ejecutar la parte técnica del contrato era Juan Carlos Ángel Cáceres, a quien la Fiscalía le imputó cargos por el delito de peculado por apropiación.

La Unión Temporal Centros Poblados fue conformada por las empresas Fundación de Telecomunicaciones Ingeniería de Seguridad e Innovación, ICM Ingenieros, Intc de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.

Según las investigaciones de la Fiscalía, para la firma del contrato y entrega de los anticipos que rodearon los 70.000 millones de pesos, se presentaron pólizas falsificadas del Banco Itaú para lograr el mayor número de puntos en la licitación convocada por el MinTIC en julio de 2020.

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