ACTUALIDAD

Emilio Tapia fue enviado a cárcel de máxima seguridad por el polémico contrato entre MinTIC y Centros Poblados

Pinterest LinkedIn Tumblr

Por considerar que representa un peligro para la sociedad y puede afectar a la administración de justicia, el juez 53 de control de garantías de Bogotá ordenó enviar a la cárcel al contratista Emilio Tapia Aldana en el marco del proceso que se le adelanta por las irregularidades que se presentaron en el proceso de licitación para el billonario contrato que tenía como objetivo llevar internet a más de 14.000 colegios de las zonas rurales más apartadas del país con 7.277 centros digitales.

En su extensa intervención, el juez determinó que existe inferencia razonable para ver que Tapia intentó presionar a dos testigos clave en la falsificación de las pólizas de seguro que se entregaron al momento de la licitación con el fin de evitar que se declarara la caducidad del billonario contrato por los incumplimientos de la Unión Temporal. 

Los dos testigos, quienes tuvieron una activa participación en la falsificación de los documentos, coincidieron en afirmar que Tapia junto a Juan José Laverde, representante de Cerros Poblados, ejercieron presiones indebidas para que ellos se echaran la culpa del todo y manifestaran ante los respectivos organismos que los habían engañado.

Para el funcionario judicial Tapia debe ser enviado a una cárcel de máxima seguridad con el fin de brindarle toda la protección y también evitar que siga cometiendo actividades delictivas. En este punto reclamó que pese a que Tapia tenía una medida de aseguramiento vigente por otro caso de corrupción tuvo la capacidad de concertarse con el fin de ejecutar un entramado para quedarse con el contrato de 1.2 billones de pesos. 

“Habló que lo amenazaron, pero bueno, han pasado más de cinco años. Circunstancias que lo amenazaron y bueno. Si usted dice que en la cárcel no lo pueden cuidar, dejémoslo en la casa que en la casa sí lo cuidan entonces (…) lo mejor es que lo trasladen a un establecimiento de reclusión con criterios de máxima seguridad pues los batallones no están para vigilar medidas preventivas ni cárceles“, aseguró el juez en su intervención.

El juez aceptó los argumentos presentados por la Fiscalía General y apoyados por el delegado de la Procuraduría General y el representante del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que consideraron pertinente una medida de aseguramiento para proteger el proceso penal. 

En su intervención, que duró más de cinco horas, el juez hizo especial énfasis en los antecedentes penales de Emilio Tapia, recordando que existen en su contra dos condenas por actos de corrupción relacionadas con el escándalo del ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

Comments are closed.