PRIMER PLANO

Ordenan garantizar acceso de personas en condición de discapacidad a sede de la alcaldía de Puerto Libertador

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Un mes de plazo tiene la alcaldía para realizar las adecuaciones que se requieran para garantizar el acceso a personas con discapacidad en la sede del barrio 23 de Marzo. 

Con el fin de proteger los derechos fundamentales a la libertad de locomoción y el acceso a la administración de justicia, el Juzgado Promiscuo de Puerto Libertador ordenó a la Alcaldía de esta localidad, remover o adecuar las barreras físicas que impiden ingresar a las personas en condición de discapacidad a la sede ubicada en el barrio 23 de marzo.

La orden emitida el pasado 15 de julio se deriva de una acción de tutela interpuesta por el joven Juan Guillermo Romero Corena, tras sentir vulnerados sus derechos por no poder acceder fácilmente a la sede donde se encuentran las oficinas de Juventud, Familias en Acción, Comisaría de Familia y la Inspección de Policía, entre otras dependencias de la Alcaldía de Puerto Libertador.

El tutelante, quien es menor de edad, indicó que es difícil el acceso para las personas con discapacidad a las mencionadas oficinas porque el inmueble donde funcionan no cuenta con rampas y/o ascensores.

En el fallo de tutela, la juez Marcela Kerguelen García, da un mes de plazo para que la Alcaldía de Puerto Libertador realice las adecuaciones necesarias que garanticen el acceso de personas en condición de discapacidad a la mencionada sede.

Sobre Romero Corena se conoció sufre de múltiples enfermedades como lo es la mielomeningoceles con secuelas como la paraplejia en miembros inferiores, la agenesia renal, píes equinovaros, vejiga neurogénica, hidrocefalia, luxación bilateral de caderas, infecciones de vías urinarias a repetición y osteomielitis recurrentes y que, producto de estos padecimientos ha sido intervenido quirúrgicamente en 41 ocasiones.

Tras conocerse el fallo de tutela, habitantes de Puerto Libertador cuestionan a la administración municipal por no tener en cuenta el acceso a las personas con discapacidad, a la hora de suscribir el millonario contrato de arriendo del inmueble para el funcionamiento de varias de sus dependencias.

FalloTutela

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